Recta final entre polémicas para elegir al nuevo contralor general.

Recta final entre polémicas para elegir al nuevo contralor general.

Los 10 candidatos finales para el cargo de Contralor General de la República, elegidos anoche deberán superar el escrutinio público de un proceso al que le han surgido varias polémicas.

Los 10 elegidos son: José Andrés OmearaFelipe Córdoba, Wilson Ruiz, Julio César Cárdenas, José Félix Lafaurie, Marco Antonio Velilla, Maritza Quintero, Alonso Pio Fernandez, José Joaquín Plata y Gilberto Rondón.

Durante la tarde de ayer, los iniciales 59 aspirantes elegidos por un concurso de méritos llevado a cabo por la Universidad Industrial de Santander, UIS, fueron escuchados por una comisión accidental del Congreso, integrada por 11 miembros de la Cámara y 11 del Senado.

Sin embargo, los cambios de última hora por parte de la mesa directiva del Congreso a las nuevas normas establecidas para la elección de este funcionario, orientadas a privilegiar la meritocracia y los perfiles técnicos, ponen un signo de interrogación alrededor del proceso que continuará hoy, cuando en plenaria del Senado sean escuchados los 10 seleccionados. Mañana pasarán a la Cámara y culminará el proceso este lunes festivo con la elección, informó el presidente del Senado, Ernesto Macías.

Ante la posibilidad de que se puedan beneficiar candidatos con marcadas conexiones políticas, el actual ocupante de este cargo, Edgardo Maya, criticó fuertemente la deformación que ha tenido el proceso: “Poner a un corrupto a manejar la Contraloría es lo mismo que nombrar de director de un jardín infantil a un violador”.

La molestia de Maya tendría nombre: José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y uno de los aspirantes favorecidos para entrar a la recta final.

La ley 1904 del 28 de junio 2018 y la resolución del Congreso 007 del 19 de julio, establecieron los requisitos para quien aspire a contralor e incluyeron la prohibición para aquel que tenga vínculo civil con miembros del legislativo y para quien haya sido sancionado.

Sin embargo, en la resolución 009 del 26 de julio, firmada por la nueva mesa directiva encabezada por el senador Ernesto Macías, ambas disposiciones se descartaron.

Entonces, de los 59 nombres en la fase final del proceso, solo Lafaurie se pudo ver beneficiado con ambos cambios, pues no lo eliminó su matrimonio con la senadora María Fernanda Cabal ni la sanción en su contra por la Procuraduría en 2007 por aceptar recomendaciones de congresistas cuando era vicecontralor, en 2003.

Sin embargo, las críticas van más allá del caso específico del presidente de Fedegán. También se bajó el criterio de calificación establecido por la UIS y se cambió el número final de preseleccionados.

En ese sentido, se bajó la aprobación de 75 a 60 puntos sobre 100 y de 20 preseleccionados, la lista subió a 59, de un total de 109 hojas de vida.

Aún así, el responsable del proyecto, el docente Luis Eduardo Becerra, argumentó que los cambios no alteraron la confiabilidad de los resultados (ver En Un Minuto).

Esto, para el analista político Jorge Iván Cuervo, investigador de la Universidad Externado, significa que no va a haber el filtro técnico que se deseaba y como el Congreso termina cambiando los mecanismos, también termina influenciando quién llega a las instancias finales: “Eso no es transparente y como se ha mostrado, esas nuevas normas están hechas a la medida de algunos aspirantes”.

El problema agrega, es que “no tenemos una buena política de definición de perfiles para altos cargos”. Un ejemplo de ello es el actual contralor, quien también fue procurador entre 2001 y 2009, lo que no tendría sentido, pues ambos cargos tienen perfiles totalmente distintos.

Así las cosas, termina empañado el primer intento de retirar el factor político de la elección de una ficha clave para el país, que antiguamente era elegido de una terna conformada por las altas cortes.

CONTEXTO DE LA NOTICIA

El nuevo mecanismo de elección de la cabeza del control fiscal en el país dejó en claro que su periodo de ejercicio debía coincidir con el del presidente.

Este aspecto ha generado críticas por considerar que la influencia política del mandatario podría influenciar la elección, que está en manos finalmente del Congreso.

Sin embargo, para el constitucionalista Juan Manuel Charry, esta es una “decisión para que el Gobierno y los controles tengan una representación de los equilibrios políticos de las elecciones”, lo cual, a su juicio, es un tema de criterio.

FUENTE EL COLOMBIANO

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