Publicidad política invade las vías de los municipios del sur

Publicidad política invade las vías de los municipios del sur

Se cumplen ya dos semanas desde que comenzaron las campañas con miras a llegar a alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas, trayendo consigo vallas, pendones, afiches y demás estrategias de propaganda política que inundan las calles de los municipios del Valle de Aburrá.

Y es que a pesar de que solo van 15 días, las autoridades locales ya han tenido que desmontar publicidad que no cumple con las normas, ya sea porque no solicitaron el permiso o porque se ubicaron en lugares no autorizados.

Por ejemplo en Medellín, según la Subsecretaría de Espacio Público, a cargo de Irma Lucía Ramírez, durante estos primeros días han desmontado 23 pasacalles, tres avisos, 14 minivallas y dos pendones.

“Sectores como El Poblado, San Juan con la 70, la Unidad Deportiva de Belén y la Avenida Bolivariana, entre otros, han sido intervenidos por parte del equipo de la Subsecretaría, que está velando porque los ciudadanos puedan contar con espacios públicos libres de contaminación visual”, informó la funcionaria, quien añadió que el personal que controla el montaje de publicidad política en estas elecciones consta de 10 gestores que se dividen en dos móviles que recorren la ciudad. Un trabajo que no solo realiza Medellín, ya que los demás municipios también establecieron su estrategia para controlar a los candidatos infractores.

Contra los invasores

Uno de los municipios que más sufre con la contaminación visual a causa de la propaganda política es Envigado. Allí, desde el 26 de julio se inició un control que evite que se ubiquen vallas y pasacalles donde no es permitido.

Con un equipo conformado por las dependencias de Tránsito, Convivencia y Obras Públicas, Envigado lleva ya 30 pasacalles retirados, aunque como explicó el jefe de Planeación, Juan Carlos Montoya, se demoran más ellos desmontándolos que los infractores poniéndolos de nuevo.

“Tuvimos hace poco una reunión con la Registraduría e indicamos que no perdonaremos la mala ubicación de aquella publicidad política que no acate el decreto, como por ejemplo, donde entorpezca la visión de señales de tránsito, semáforos o en inmediaciones del intercambio vial”, precisó Montoya.

Otro municipio que viene trabajando contra el mal uso y ubicación indebida de la publicidad de los candidatos es Itagüí. El decreto 638 de 2015 en el caso de esta población del Aburrá sur es el que controla la propaganda, norma por la cual unos 20 pasacalles han sido retirados en estas primeras dos semanas de campaña.

Diariamente tres técnicos de la Subsecretaría de Control Urbanístico y Publicidad Exterior Visual y 25 de control de espacio público verifican que los pasacalles políticos estén donde corresponde.

“En el momento no se reporta saturación, a pesar de la publicidad que se ha retirado. Nos llegó una queja sobre un candidato que aparecía en muchas vallas, pero aquí el tema es que se encuentra avalado por varios partidos y cada partido solicita el permiso para su propaganda. Por ello se encuentra en varios pasacalles y no incumple la norma”, expuso Víctor Hugo Pérez, secretario de Gobierno de Itagüí.

¿Qué dice el CNE?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) castiga a través de sanciones pecuniarias y disciplinarias a los candidatos o partidos que violen las normas de propaganda.

Armando Novoa, magistrado del CNE, recordó que si el candidato o el partido sobrepasan el número de avisos que pueden usar, no solo estarían violando el decreto del municipio, sino también podrían estar violando el régimen de topes de financiación de campañas.

“Si el candidato oculta ese gasto de más o si no lo hace y se ve reflejado allí, esto se constituirá en una violación que va desde multas económicas hasta la prohibición de que el partido pueda postular candidatos a las próximas elecciones al respectivo cargo público”, indicó.

Lo cierto es que la ciudadanía puede denunciar el abuso de publicidad de los candidatos. En las alcaldías o a través de las redes sociales puede dar a conocer casos donde se violen las normas. Serán las autoridades las que deberán intervenir cuando no se acaten las leyes.

FUENTE EL COLOMBIANO

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