Jun 27, 2014

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Por decreto, 300.000 jóvenes accederán a servicios de salud

El propósito del Gobierno es que los colombianos con edades entre los 18 y 25 años no tengan restricciones. La idea es bien vista, pero inquieta su financiación.

Toda reglamentación que elimine las trabas para el acceso de la población a los servicios de salud es bienvenida, pero a pesar del consenso entre los interesados hay dudas, inquietudes y preguntas por resolver.

Si bien el presidente Juan Manuel Santos, al firmar el Decreto 1164 de 2014, asegura que se favorece a un millón y medio de jóvenes, entre los 18 y los 25 años de edad, porque se les está garantizando el derecho a la salud, la cuenta no resulta tan abultada para muchos.

Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado (Aesa), coinciden en que el real impacto de la norma se reduce a 300.000 personas.

Explican que si los jóvenes, entre 18 y 25 años y que son hijos de padres que cotizan al Sistema General de Seguridad Social en Salud, son cerca de 1,5 millones, de los cuales 1,2 millones son estudiantes, quiere decir que ya estaban afiliados al Sistema por su condición.

Martínez agrega que la nueva norma refuerza lo que está contemplado en la Ley Antitrámites. Esta dispuso que desde el primero de enero de 2013 la acreditación de los beneficiarios de un cotizante, mayores de 18 años y menores de 25, que sean estudiantes con dedicación exclusiva a esta actividad, se verificará por las EPS mediante las bases de datos disponibles, sin requerir la acreditación del certificado de estudio respectivo de cada entidad de educación.

Por su parte, Arias señala que la dificultad para extender el beneficio a ese segmento poblacional ha estado, justamente, en el cruce de información de las bases de datos. “Esa cobertura ya existe, pero ha sido muy complejo articular la información de las EPS afiliadas a Acemi con la información que posee el Ministerio de Educación”.

A su turno Gustavo Adolfo Campillo Orozco, presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia (Rasa), que vela por los derechos de los afiliados, señala que se trata de un paso significativo hacia la igualdad de derechos. “Es importante recordar que esta población era beneficiaria del Sistema de Salud, siempre y cuando estuviesen estudiando. Ahora desaparece esa diferenciación lo cual brinda garantías en el goce efectivo del derecho a la salud, en razón a que muchas personas veían interrumpidos sus servicios en salud de manera abrupta una vez cumplían los 18 años o los 25, si estuviesen estudiando. Es un paso hacia la equidad en salud”.

Gasto adicional
Y mientras el número de beneficiarios no cuadra, otro aspecto que genera inquietud tiene que ver con el nivel del esfuerzo económico que se requiere para asegurar esa cobertura en salud.

Andrés Aguirre, director del Hospital Pablo Tobón Uribe, señala que el anuncio como tal es bueno, pero resulta incierto el mecanismo de financiación y cuáles serán los sitios de atención.

Se entiende que las cuentas correrían a cargo del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). Pero el problema será cómo los recursos que lleguen a los aseguradores, es decir, a las EPS, fluyan hacia las instituciones prestadoras de los servicios de salud y no causen aumentos de cartera.

Una cuenta a mano alzada del costo de esta ampliación de la cobertura implicaría disponer cerca de 890.000 millones de pesos al año, en el caso de que los beneficiarios fueran 1,5 millones y que se les reconociera una Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 593.978 pesos.

En caso de que el grupo de beneficiarios sea de 300.000 personas, con la misma UPC, el valor alcanzaría los 178.193 millones de pesos, cifra que Arias califica como “un gastico adicional del Sistema”.

Lo que harán las EPS
El presidente de la Nueva EPS José Fernando Cardona, revela que, en el caso de esta entidad, la norma de entrada implicará el acceso a los servicios de salud de unos 15.000 jóvenes. Esto, sin contar a quienes deberán ser habilitados y que no estaban cubiertos por no ser estudiantes como lo dictaba la normatividad vigente.

“A nuestros afiliados les vamos a notificar de la activación de los servicios y haremos una campaña importante, que no implique nuevos trámites”, explica el directivo.

Desde Acemi, se anticipa que las EPS se comunicarán con aquellas familias que tienen hijos entre 18 y 25 años, para avisarles que pueden acceder a los servicios de salud.

“Aquí la gente es muy despierta e imagino que al conocer el decreto solicitará tenerlos en cuenta, en temas de salud la gente es cuidadosa”, dice Arias.

Finalmente, Martínez considera que para garantizar la salud como un derecho fundamental, de carácter universal, es decir, garantizarlo a todos los residentes en el país, sin distingos de ninguna clase, prontamente el Estado tendrá que acabar con los procesos de afiliación y por otros medios garantizar la salud de toda la población.

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