Oct 16, 2014

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Panamá: de paraíso a purgatorio de 77 días

Mañana comienzan a agotarse las vías diplomáticas para que Colombia quite al vecino país el rótulo de “paraíso fiscal”, ¿será posible?

Corre el reloj para que los gobiernos de Colombia y Panamá se sienten a negociar un acuerdo y que el primero saque al segundo de su lista de 41 paraísos fiscales o países y territorios con laxos controles tributarios, un hermético secreto bancario y condiciones ventajosas para atraer capitales.

Pero lo cierto es que las posiciones resultan tan distantes ahora que la reunión que sostendrán mañana cancilleres y directores de impuestos de ambos países será apenas el inicio de una infructuosa negociación, que puede terminar para ambos países en un purgatorio de 77 días que le restan a 2014.

Lo decretado es que a partir del primero de enero de 2015 arranca la vigencia fiscal en que Colombia podrá imponer un gravoso régimen de impuestos a empresas, personas y capitales desde y hacia el vecino país.

Igual medida podrá tomar el gobierno de Panamá si decide repetir la dosis mediante la llamada “Ley de Retorsión”, vigente de 2002 y que replica el trato recibido por el país que consideren les da un trato discriminatorio.

Y ahora en lo único que coinciden las partes es en considerar “agresiva” o “retaliatoria” la posición del otro. Así lo han demostrado las declaraciones en las últimas 24 horas de la cancillerMaría Ángela Holguín y su homóloga panameña Isabel de Saint Malo de Alvarado. Se espera que mañana, cara a cara, pasen de la reactiva diplomacia del micrófono a la más planificada del escritorio.

En los extremos
Pero las posturas son extremadamente distantes con una Colombia que, según Panamá, rechaza todas las propuestas para “ofrecer una alternativa que satisfaga las necesidades de Colombia, sin que cause un impacto adverso en la economía panameña”.

Y tampoco se aprecian avances con un vecino que, según Colombia, tuvo dos años para sentarse a construir un acuerdo de cooperación financiera para detectar los evasores en Colombia que usan al vecino país para no pagar lo que deben.

En esas condiciones, hay un gobierno de Juan Carlos Varela que, hasta ayer, solo estaba dispuesto a suscribir un acuerdo que incluya: eliminar doble tributación; flexibilizar el intercambio de información, previo requerimiento judicial; y “establecer mecanismos de colaboración” en investigaciones de alto perfil por conducto de las Unidades de Análisis Financiero (UAF) de ambos países, que usualmente se relacionan con casos de lavado de activos.

“Panamá está replanteando la política relacionada a la plataforma de servicios financieros y corporativos internacionales, estrategia que estaría definida antes de final de año, con lo que considerábamos prudente extender el plazo hasta diciembre para iniciar conversaciones”, señaló la canciller panameña.

Pero esto es un rasero demasiado bajo para las pretensiones y tiempos de Colombia, no solo por atajar a los contribuyentes “vivos” que esconden sus activos y bienes en el exterior, sino por adoptar convenios de intercambio de información tributaria bajo el modelo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde).

De hecho, según la Dian, ya se firmó un acuerdo de ese tipo con Estados Unidos, en mayo pasado, que hace parte de los 84 convenios de asistencia mutua en materia tributaria vigentes con países tan disímiles como Brasil, Francia y las Islas Caimán (ver análisis).

“La discusión de fondo es que se pueda contar con la información requerida para hacer un efectivo control tributario, sea de parte de Panamá o de Colombia, aunque, de tiempo atrás, existe la práctica recurrente aquí de ocultar patrimonios allá”, señaló a este diario Gustavo Cote Peña, exdirector de la Dian.

El sector privado
En esas condiciones, mientras el sector privado panameño cierra filas en torno a Varela y propone medidas encaminadas al “ojo por ojo” con Colombia, los de este lado de la frontera abogan por una solución que no afecte sus negocios y balances. Y esto, mientras se surte una reforma tributaria para gravar más los patrimonios y las utilidades para tapar un faltante en el presupuesto de la Nación para 2015.

En ese contexto, las principales empresas colombianas que tienen inversiones en el vecino país, muchas de ellas antioqueñas, cultivan una alta incertidumbre y por estos días cruzan dedos. “Esperamos que se normalice esta situación que nos causa muchos perjuicios a los que tenemos en Panamá un foco de crecimiento”, dijo ayer Juan Esteban Calle Restrepo, gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

El funcionario estimó en 40 millones de dólares (unos 82.000 millones de pesos) las utilidades anuales que percibe por su mayoría accionaria en la distribuidora Elektra Noreste S.A (Ensa), que atiende 400.000 usuarios panameños.

Más allá de cómo se desenvuelva la negociación bilateral, ya es indicativo que Colombia es el único país de la Alianza del Pacífico que aún busca espacios para negociar con Panamá, pues México, Perú y Chile ya han tomado al istmo como paraíso fiscal y que, paradójicamente, hace fila detrás de Costa Rica, para ingresar a este bloque económico.

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