Matrículas de la San Martín terminaron en carne de hamburguesa

Desde hace varios semestres algunos estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín tenían dudas sobre el destino de los recursos que pagaban a esa institución por sus matrículas.

Algunos denunciaron que no entendían las razones por las cuales variaban los números y los nombres de las cuentas bancarias en que debían consignar el valor de sus semestres.

Eso, que empezó como una curiosidad, se transformó en un problema mayor cuando en varias sedes empezaron los incumplimientos en el pago a profesores y a personal administrativo, además de la ausencia de insumos para el desarrollo de los programas académicos.

Ingrid Johanna Medina, representante de los estudiantes de Medicina de la sede Sabaneta de la San Martín, dice que las dificultades financieras no afectaron a esa sede hasta después de que el Ministerio de Educación suspendió en 2013 el registro calificado de ese y otros siete programas académicos.

Sin embargo, el argumento del Ministerio en ese momento no apuntaba al manejo de los recursos por parte de la universidad. En el caso de Medicina en la sede Sabaneta, la suspensión del registro, que impide el ingreso de nuevos estudiantes, se debía a falencias en los convenios docencia-servicio que permiten las prácticas académicas en el área de la salud.

“Se consignaba a una cuenta y resulta que después la cambiaban. Esa plata se iba para Bogotá y ellos se encargaban de distribuirla, pero cuando nos quitaron el registro y empezaron a haber problemas con el pago de los profesores, se centró la preocupación ahí“, explica la representante estudiantil.

Medina agrega que si bien están de acuerdo con la medidas, los estudiantes notaron una “actitud pasiva” por parte del Ministerio, pues solo hasta ahora se ejerce control frente a las irregularidades financieras y administrativas de esa institución.

“Desde 2011 hay procesos alrededor de la San Martín que no habían tenido ninguna respuesta. Se demoró tomando medidas y las tomó contra quienes no eran”, dice la estudiante para explicar que las medidas de 2013 pusieron en cuestión la calidad académica del programa y no las inconsistencias en las finanzas de la institución.

La plata se iba a una cadena de hamburguesas
“Este Gobierno no va a permitir que se engañe a los estudiantes ofreciendo programas ilegales ni que se desvíe la plata de los alumnos y sus familias en cosas que no tienen nada que ver con la educación”, dijo la ministra de Educación, Gina Parody, al anunciar que una de las medidas de la intervención contempla la creación de una fiducia para administrar el dinero de las matrículas.

Esa decisión obedece, según el Ministerio a un hallazgo que incluso podría tener implicaciones penales, pues según explicó Parody, los recursos se direccionaban a tres sociedades distintas vinculadas con la familia Alvear, fundadora de la universidad. Se trata del denominado Fondo para el fomento de la educación, el Centro Internacional de Biotecnología Reproductiva y la Fundación Quality Fish Meat and Vegetable Corporation, a la que pertenece la cadena de restaurantes Burguer Market.

La relación entre Quality Fish Meat and Vegetable Corporation, Burguer Market y la Universidad San Martín puede rastrearse con facilidad. En una nota de prensa publicada en diciembre de 2012 por el diario Portafolio, Martín Alvear, presidente del Centro Internacional de Biotecnología Reproductiva e hijo de Mariano Alvear Sofán, fundador de la Universidad San Martín, se refería a la apertura de los nuevos restaurantes de su empresa, dedicada a la producción de carnes orgánicas, las mismas que más tarde se usaron en los productos de Burguer Market.

En la misma publicación Alvear destacaba que los productos de esa compañía contaban con la certificación del departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín, la otra empresa de su familia.

Lo que viene con la intervención
Ingrid Johanna Medina, la representante estudiantil de la sede Sabaneta, dice que esperan en los próximos días conocer con mayores detalles los alcances de la intervención.

“Nos preocupa la cancelación de los registros porque, aunque es una medida preventiva,  no se aclara por cuanto tiempo”, dijo la estudiante. Agregó que se debe tener en cuenta, además, que la imposibilidad de recibir nuevos estudiantes se sumará a la deserción que puede presentarse. “Tienen que tener un plan porque las sedes no van a ser viables por más que haya intervenido el Ministerio”.

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