Las razones de Procuraduría para pedir otra vez la libertad de Ramos

Las razones de Procuraduría para pedir otra vez la libertad de Ramos

Los dos años y tres meses que el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero ha permanecido detenido y sin que le definan su caso, motivó una nueva petición de la Procuraduría a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que le concedan la libertad provisional.

El primer intento del Ministerio Público para lograr su excarcelación se presentó en abril de 2014, cuando recomendó la preclusión del proceso penal por considerar que no había evidencia contundente para demostrar sus presuntos pactos con las Autodefensas Unidas de Colombia.

La CSJ, en ese momento, no aprobó la petición y formuló los cargos contra quien ha sido gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín, senador, embajador y precandidato presidencial.

La acusación es por concierto para delinquir agravado, en el marco de las investigaciones por el fenómeno de la parapolítica, y se basa en los testimonios de varios paramilitares desmovilizados.

Aunque la orden de aprehensión generó en su momento el revuelo nacional, no solo por la reputación del personaje, sino porque quedó truncada su aspiración a la Casa de Nariño (agosto de 2013), el proceso ha caído en un letargo judicial.

La última diligencia fue el pasado 14 de julio, cuando la defensa encabezada por el abogado Luis Gustavo Moreno interrogó en el estrado a varios de sus testigos, durante la etapa del juicio.

La CSJ definió que el juicio continuará el 1 de febrero de 2016, con lo que Ramos pasaría su tercera Navidad en la Escuela de Caballería del Ejército, en el Cantón Norte (Bogotá). A menos, claro está, que prospere la nueva solicitud de la Procuraduría.

Los argumentos

La procuradora Tercera Delegada para la Casación ante la Sala Penal de la CSJ, Elda Patricia Correa Garcés, radicó la petición en el alto tribunal el pasado 5 de noviembre.

El documento con radicado 35691, argumenta los motivos que, a juicio de la Procuraduría, justifican que se le conceda a Ramos la libertad provisional, mientras se define su condena o absolución.

Invoca, además de la presunción de inocencia, los lineamientos del Pacto de Tokio sobre los derechos civiles y políticos y las Reglas Mínimas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad.

Controvirtiendo la medida de aseguramiento de la CSJ, Correa dice que la libertad del sospechoso no pone en riesgo su comparecencia a las diligencias, pues él mismo se presentó en agosto de 2013, cuando fue requerido, y es el primer interesado en que se demuestre su inocencia.

Añade que no se pondría en peligro la conservación de las pruebas, en tanto que un “gran caudal” ya fue recaudado por la CSJ y en lo corrido del juicio se ha recepcionado otro tanto.

Concluye que si a Ramos se le acusa de concierto para delinquir con los paramilitares, dichos grupos ya se desmovilizaron, por lo que no habría chance de que siga concertando con ellos para violar la ley, si ese fuera el caso. “No se evidencia en cuál actividad delictiva pueda continuar incurso el procesado, que amerite mantenerlo privado de la libertad”, señala el documento.

Considera el Ministerio Pública que, si el juicio se reactiva en febrero, el exgobernador de Antioquia ajustaría 889 días detenido, algo que sería “desproporcionado”.

Si eventualmente se produce una condena, Ramos pagaría nueve años de prisión (3.283 días), igual que el exsenador y copartidario Óscar Suárez Mira, en contra de quien declararon varios de los mismos testigos de este caso.

Eso implica que a la fecha, Ramos ha estado preso casi la cuarta parte de esa pena, “sin que haya podido descontar tiempo por trabajo o estudio, situación que lo pone en desventaja con los condenados y que dado el lapso transcurrido puede predicarse como la anticipación de la pena sin haber sido declarado responsable”.

Por último, dice la procuradora que si el juicio ha tenido tantas largas es por el “normal cúmulo de trabajo” de la CSJ, no imputable a la defensa, que se debe a las “fallas de la estructura judicial del país”, que no tienen por qué ser soportadas por el afectado.

La Corte no ha respondido a esta nueva solicitud, sobre un caso que en principio concentró toda la atención.

FUENTE EL COLOMBIANO

Share This