Las grandes empresas son las que más sobornan: OCDE

La conclusión más preocupante del primer informe de corrupción internacional revelado ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es la participación en sobornos, consciente y generalizada, de los altos cargos de las empresas del mundo.

Para la muestra, en el 53 por ciento de los 427 casos de corrupción que el organismo analiza desde 1999, cuando fue firmada la Convención contra el Soborno, están involucrados empleados de alto nivel o el propio presidente de la compañía. El mal es llamado por la OCDE soborno corporativo y afecta al 60 por ciento de todos los casos de corrupción.

Desde la aplicación de la Convención, hasta julio pasado, las sanciones impuestas suman 5.400 millones de dólares. La más elevada contra una empresa fue de 1.800 millones de euros.

“La corrupción y la percepción de la corrupción erosionan la confianza en el gobierno, las empresas y los mercados. Necesitamos reconstruir esa confianza hoy más que nunca, que atravesamos la mayor crisis financiera de nuestro tiempo”, señaló Ángel Gurría, secretario general de la OCDE en la introducción del informe.

Los sobornos, según Gurría, son a menudo disfrazados por transacciones en el exterior, intermediarios y estructuras societarias complejas.

De los casos examinados 261 culminaron en multas, 82 en confiscaciones, 80 con penas de prisión y 70 con acuerdos entre los afectados. La pena de cárcel más elevada fue de 13 años. La multa más alta impuesta a una empresa fue de 1.447 millones de euros y de 119 la sanción a una persona.

En la mayoría de los casos se pagaron sobornos para obtener contratos públicos (57 por ciento), seguidos por el aclaramiento de los procedimientos aduaneros (12 por ciento). El 6 por ciento de los sobornos eran para conseguir un trato fiscal preferencial.

Las industrias corruptas
El organismo informó que dos tercios de los casos se produjeron en solo cuatro industrias: la extracción de petróleo y minerales generó el 19 por ciento de los casos; la construcción, el 15 por ciento; el transporte y el almacenamiento, el 15 por ciento y el sector de la información y las comunicaciones generó el 10 por ciento de los casos.

El informe señala también que el plazo medio necesario para que un caso de corrupción se concrete no para de alargarse, hasta los 7,3 años de media en 2013, frente a los 4 años en 2010, lo se explica por la complejidad creciente de las técnicas de corrupción.

“Para ganar la batalla contra la corrupción, tenemos que conocer a nuestro enemigo”, afirma Gurría. “Estamos mejor equipados que nunca para prevenir, detectar y sancionar estos delitos”, agrega. “Lanzo un desafío a los gobiernos, las empresas y la sociedad”.

Condenas insuficientes

En los 41 países donde está en vigor la convención internacional (algunos no son miembros de la OCDE) hubo 80 personas que ingresaron en prisión condenadas por corrupción y la pena más elevada fue de 13 años. Además, se dictaron 38 sentencias de prisión exentas de cumplimiento y ejecutables en caso de reincidencia.

Marina Yung, responsable jurídica de la ONG Transparencia Internacional, aseguró ayer en rueda de prensa que las condenas por corrupción siguen siendo insuficientes.

“Reflexionamos sobre la forma de justicia transnacional que vendría acompañada de sanciones disuasivas, con acuerdos validados por un juez de la sede”, subraya.

La OCDE manifestó su preocupación porque las autoridades responsables de la persecución de la corrupción (el fisco, el personal de las embajadas, las células de información financiera o los organismos de supervisión de licitaciones públicas) sólo descubrieron el 13 por ciento de los escándalos de corrupción internacional .

 

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