La tutela llega a siete millones, entre la zozobra por la reforma.

La tutela llega a siete millones, entre la zozobra por la reforma.

Creada junto a la Constitución de 1991, la tutela no solo es el mecanismo más importante de justicia para el ciudadano colombiano, sino también el más utilizado. Este lunes, la Corte Constitucional informó que recibió la tutela número siete millones, lo que implica un promedio de 737 interpuestas a diario en el país durante los 26 años de vida de la figura.

Según el reporte del último año de la rama judicial, durante 2017, se impusieron 757.070 acciones de tutela, lo que corresponde al 28 % del total de demandas de justicia.

Por eso, cuando dentro de los anuncios de la reforma a la justicia que presentará el Gobierno de Iván Duque, se mencionó la posibilidad de tocar la tutela, las alarmas se encendieron por la posibilidad de un retroceso en el sistema de protección y defensa de los derechos de los colombianos.

Serían tres cambios: El primero es exigir que solo pueda entablar una tutela quien tenga un interés directo en la solicitud de protección. El segundo, que solo los jueces que tengan a su cargo el objeto de amparo del derecho las conozcan (por ejemplo, que una tutela en un juzgado de familia solo la aborde un juez de familia). Por último, que se normatice los tiempos para interponerlas frente al momento de los hechos que la generan.

A pesar que el Gobierno defendió que estos cambios no implican límites, pero sí buscan acabar con usos polémicos como las llamadas “tutelatones” y que no se use como herramienta para garantizar derechos fundamentales, sino que se haya extendido a todo tipo de asuntos, son más las dudas que las certezas.

Un frente común de defensa

Tras consultar constitucionalistas, todos coincidieron en que tocar la tutela es un retroceso y recalcan que la herramienta debe ser defendida.

“Cada vez que han intentado tocar la tutela, primero dicen que son pequeñas modificaciones de trámite, pero va a uno a ver y lo que se hace es dificultar el acceso”, consideró Alfredo Beltrán, exmagistrado de la Corte Constitucional.

No duda al afirmar que los cambios que propone el Gobierno están “adornados” pero son un “zarpazo” a la herramienta. “Decir que una tutela contra una providencia debe ser resulta por funcionarios de la misma jurisdicción, prácticamente es quitarle a los jueces la majestad de defensor de todos los derechos”.

Además, expone que si el proyecto dice que la tutela solo se podrá interponer en casos en que haya un legítimo interés, pero no especifica cuando sí y cuando no, deja en manos de una ley la regulación y ahí “pueden perfectamente restringir su uso”.

Por su parte, Kenneth Burbano Villamarin director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, alegó que son varios los riesgos como “que la conozca un juez especializado en el asunto cuando en Colombia hay municipios que solo no tienen un juez, además que hay derechos que no corresponden a una determinada especialidad, como el libre desarrollo de la personalidad o las libertades de conciencia”.

Entendiendo la magnitud

La cantidad de tutelas en el sistema responde a que fue concebida para un uso universal, a la mano de cualquier colombiano y que se ha convertido en un salvavidas para la ineficiencia y lentitud que presenta el sistema ordinario. El ejemplo mayor se encuentra en el sistema de salud, que hoy acapara la mayoría de las que se interponen.

Así se refleja en las cifras que muestra la rama judicial frente a la cantidad de personas que han acudido a la tutela para buscar la protección de sus derechos. Hace una década, fueron 42.455 las que se radicaron, para un 3% del total de demandas registradas.

Esto habla de un incremento de 1.783% al día de hoy.

“La tutela ha tenido un auge importante porque el sistema ordinario no da respuesta a las demandas diarias de los ciudadanos”, analiza Julio Sampedro, decano de la facultad de ciencias jurídicas de la Universidad Javeriana.

Aunque reconoce que existen problemas como es el colapso en el aparato de justicia, este jurista recalca que “la tutela debería permanecer como está, porque ella se regula por si misma, si el mecanismo se fortalece”, recalcando que en este escenario, “el problema no es la herramienta sino en la ineficiencia”.

FUENTE EL COLOMBIANO

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