Oct 19, 2015

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La frontera: dos meses de cierre sin soluciones

La frontera: dos meses de cierre sin soluciones

En la noche del 19 de agosto, el presidente Nicolás Maduro tomó una decisión sorpresiva: “He dado instrucciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de cerrar la frontera con Colombia en San Antonio del Táchira y en Ureña de manera inmediata por 72 horas”.

Sus palabras, difundidas por radio y televisión, tuvieron un efecto devastador en la frontera colombiana. No fueron 72 horas, el cierre se extendió indefinidamente; la medida se aplicó, posteriormente, a La Guajira y Arauca, generando problemas para los empresarios de la zona y para las comunidades que, como la wayúu, estaban acostumbradas a cruzar la frontera todos los días.

Maduro justificó el cierre por el ataque que sufrieron tres militares venezolanos en San Antonio del Táchira. Esa misma semana desplegó una operación militar para “erradicar el paramilitarismo de la frontera”. Producto de esta fueron deportados 1.097 colombianos, según cifras de Naciones Unidas. Por miedo a ser expulsados por la Guardia Venezolana, 18.377 colombianos regresaron voluntariamente al país. Las cifras no han variado desde el 21 de septiembre, día en el que se reunieron los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro en Ecuador.

Este encuentro no solo sirvió para atenuar la tensión diplomática que era evidente entre ambos países (el problema había llegado a instancias de la Organización de Estados Americanos, organismo que no aceptó realizar una reunión de cancilleres para tratar el problema en la frontera), sino que fue el escenario ideal para definir unos compromisos bilaterales para enfrentar los inconvenientes fronterizos.

La atención de las últimas semanas se ha centrado en el cumplimiento de los siguientes compromisos: retorno inmediato de los respectivos embajadores; realizar una investigación sobre la situación en la frontera; trabajar en la progresiva normalización de la frontera; reunir a los equipos de ministros para trabajar en los problemas binacionales, y lograr la “coexistencia de modelos económicos, políticos y sociales” entre ambos países.

Además del retorno inmediato de los embajadores, Colombia y Venezuela han logrado acordar reuniones entre los ministros de Defensa, quienes prometieron crear un Centro Binacional de Lucha Contra el Crimen Organizado Trasnacional. Venezuela también accedió a crear un corredor humanitario para que los estudiantes colombianos puedan asistir a clases, y permitió, además, que las familias que en un primer momento fueron deportadas pudieran regresar por su enseres.

Sí hubo violación de derechos humanos

En los últimos 60 días se ha presentado una discusión constante entre las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, por la masiva deportación de colombianos. Según la funcionaria venezolana, su gobierno nunca vulneró los derechos humanos de las familias colombianas.

Sin embargo, un informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le dio la razón al gobierno Colombiano: “A lo largo de la visita la Cidh pudo constatar la grave crisis humanitaria en la que se encuentran las personas deportadas y las que retornaron como consecuencia del temor y la grave situación que estaban viviendo en Venezuela. Durante la visita, la Comisión Interamericana recibió preocupante información sobre la forma en la que se realizaron las deportaciones desde Venezuela, la cual indica que a estas personas se les violaron múltiples derechos humanos y que fueron sujetas a expulsiones colectivas”.

La Comisión confirmó lo que registraron los medios, incluido EL COLOMBIANO, a finales de agosto en la frontera: cientos de colombianos cruzando el río Táchira, cargando neveras, televisores, sofás, durmiendo a la intemperie por la repentina deportación. Señala la Cidh que en terreno recibió graves denuncias de violaciones de distintos derechos de las personas como la libertad, seguridad e integridad de la persona; a la igualdad ante la ley; a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar, entre otros.

En la deportación masiva de colombianos se presentó una situación que confirmó la Cidh: al “identificarlos como nacionales colombianos, (los militares venezolanos) requisaron sus casas, los sacaron de ellas y los llevaron a una cancha donde los mantuvieron de pie, bajo el sol, sin acceso a agua, alimento, ni servicios higiénicos durante varias horas, las cuales llegaban a ser hasta más de 12”.

Atención para los deportados

Norte de Santander tuvo que enfrentar, a finales de agosto, la crisis humanitaria que generó la deportación masiva de colombianos en la frontera. El departamento llegó a instalar 30 albergues para las familias que llegaban desde Venezuela. El gobierno colombiano respondió ante esta crisis enviando a representantes de 45 instituciones del Estado para atender la crisis humanitaria. En el transcurso de las últimas semanas las familias han abandonado los albergues. En un principio, dicen las cifras del gobierno Nacional, había 6.129 personas en ellos; hoy quedan 369 que están siendo atendidas en el albergue Interferias. Según el gobierno, 5.760 dejaron los albergues temporales para “reconstruir su proyecto de vida” (ver infografía).

Según el gobierno, 22.252 personas se inscribieron en el Registro Único de Damnificados, todos provenientes de Norte de Santander, Arauca, La Guajira y Vichada. Para la atención de las personas afectadas, fueron invertidos 12.000 millones de pesos.

Del total de deportados, 938 personas lograron trasladarse al interior del país con el respaldo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Para depurar la situación en los albergues el gobierno ofreció subsidios de arriendo para los deportados, de los cuales ha entregado 3.501.

Oportunidad económica para cúcuta

En un comienzo, recuerda el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, la ciudad estaba colapsando. La Asociación de Carboneros de Norte de Santander (Asocarbón) reportaba pérdidas diarias por 900 millones de pesos. Además, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera ha señalado que los camioneros del país están perdiendo 750 millones cada semana por el cierre.

La primera respuesta del gobierno fue buscar la salida del carbón a través de transporte fluvial. Con las 4.000 toneladas que fueron transportadas al puerto de Barranquilla este fin de semana se alcanzaron 11.000 movilizadas por transporte fluvial.

En total, desde el cierre de la frontera, han sido evacuadas 54.500 toneladas del mineral.

Para mitigar las pérdidas económicas, el gobierno autorizó, mediante un decreto, el transporte ferroviario de carbón 24 horas para que el mineral no se demore tanto en llegar hasta los puertos del caribe colombiano.

Con estas acciones, dice el alcalde de Cúcuta, la ciudad puede desligarse cada vez de la dependencia económica con Venezuela: “Con medidas como la exención del IVA esperamos tener grandes ventas en diciembre. Estamos a la espera de que el gobierno nacional autorice la inversión de 700 mil millones de pesos para que pueda mejorar la situación económica de la región. El próximo 16 de noviembre vamos a tener un evento para mostrar por qué Cúcuta es una ciudad de oportunidades”.

Frente a temas sensibles como el comercio de carbón y el suministro de gasolina, el alcalde señala que, con los subsidios del gobierno nacional, la situación puede mantenerse controlada: “Con el carbón tenemos el problema que sacarlo por Santa Marta o Barranquilla nos vale 15 dólares más por tonelada. El gobierno Nacional ha reducido el precio de los peajes y no está cobrando unas retenciones que antes se tenían que pagar. Con estas medidas se puede seguir trabajando. Frente a la gasolina, antes nos daba 4 millones de galones subsidiados, hoy estamos recibiendo 10 millones. Ahora queremos es que lleguen las empresas. Aquí pueden hacer inversiones sin pago predial, con varias exenciones, eso es lo que queremos ofrecer”.

Elecciones parlamentarias en venezuela

Una de las hipótesis que ha venido tomando relevancia es que el presidenteNicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera para legitimar su gobierno ante el pueblo venezolano. El 6 de diciembre enfrenta elecciones legislativas y se pronostica que el chavismo puede perder varias curules.

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, coincide con esta hipótesis: “Venezuela vive un momento particular producto de la inseguridad y del desabastecimiento que se ha presentado con la crisis económica. El gobierno ha decidido acusar a Colombia de estos males, ha dicho que todo lo sucedido es causado por paramilitares colombianos para evadir acusaciones. El ambiente electoral es adverso, el panorama económico oscuro, por eso Maduro ha decidido aumentar el salario mínimo en un 30 por ciento, medida que generará más inflación pero que mejorará su imagen de cara a las elecciones”.

Contrabando sigue operando en la zona

Aunque los ministros de Defensa están trabajando en operativos para desarticular a las bandas de contrabando, y la Policía Fiscal Aduanera ha reportado la desarticulación de ocho estructuras criminales con 87 capturas durante 2015, el contrabando sigue operando a través de los 2.219 kilómetros de frontera.

Para el alcalde de Cúcuta, esta situación puede cambiar si el gobierno venezolano toma acciones dentro de las fuerzas militares: “El contrabando pasa directamente por la Guardia Venezolana. Son los mismos militares los que controlan el mercado subsidiado, y si llega a Cúcuta es porque lo están permitiendo o en el peor de los casos lo están vendiendo. Lo mismo sucede con la gasolina. Las bandas criminales sí existen, pero algunas tienen vínculos con la Guardia Venezolana para operar”.

FUENTE EL COLOMBIANO

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