Gobierno y Asonal no logran poner fin a paro en la justicia

Más de 40 días de paro, cerca de 30.000 procesos judiciales devueltos y aproximadamente 150.000 ciudadanos afectados, son solo algunas de las cifras que siguen en aumento a medida que avanza el paro judicial en Colombia, y lo peor: aún no se vislumbra una solución.

Justo ayer, las partes se levantaron de la mesa sin lograr conciliar sus diferencias frente a las pretensiones salariales y la reestructuración de la Fiscalía, dos de los puntos en los que no parece haber posibilidad de acuerdo.

En la junta nacional ampliada de Asonal, según Fredy Machado, el juez penal cartagenero que recientemente fue nombrado como presidente de uno de los sindicatos de la rama judicial, quedó clara la unidad de los trabajadores en torno a las exigencias que le hacen al Gobierno y más que cesar, el paro se intensificará. “El paro se mantiene, crece y se radicaliza, porque estamos unidos frente a las pretensiones y exigencias al Gobierno”, indicó Machado.

Uno de los reclamos son los excesos burocráticos que se están dando en la Fiscalía con motivo de su reestructuración, donde, según los sindicatos, se está contratando “mucho cacique y poco indio”.

Pero el mismo fiscal Eduardo Montealegre salió en defensa de ese proyecto de modernización. “Si echamos atrás la reestructuración estaríamos atentando contra los derechos laborales y de mejora de muchos servidores”. Y con cifras explicó que solo en Policía Judicial pasaron de 64 funcionarios a 964 profesionales. Y en nivelación salarial se han beneficiado 10.679 servidores. “No existe la más mínima posibilidad de echar atrás este proceso porque le causaría gravísimos problemas a la Fiscalía. En tres años, el presupuesto llegó a casi 1,1 billones de pesos para su modernización. Es insostenible pensar que esto se pueda reversar”.

También el ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo que son inviables algunas de las peticiones de Asonal porque ya están aplicando, por ejemplo, los ajustes de la nivelación salarial acordada después del paro de 2012. “Es una bonificación que cuesta 1,4 billones de pesos y se está pagando. De igual modo, están asegurados los recursos para la descongestión judicial”.

Indiferencia de la sociedad

Hay un hecho que no deja de sorprender a propios y extraños y es que pese a que el acceso a la justicia es un servicio público, para el grueso de la opinión, el paro, que ya ajusta más de un mes, parece pasar desapercibido. Basta recordar el estado de crispación que han generado en el país el cese de actividades de los campesinos por ejemplo, o el del gremio de los transportadores y compararlo con la sensación que deja el paro judicial, para darse cuenta que esta coyuntura no genera el mismo escozor ni rechazo por parte de la sociedad.

Probablemente esto se deba al sentimiento generalizado de que la justicia en Colombia es inoperante y pocas veces llega, por lo que los efectos del paro se asemejan al funcionamiento cotidiano de la justicia.

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