Con México en llamas, Peña eliminó policía municipal

Mientras el Gobierno mexicano anunciaba una serie de medidas de seguridad y justicia, reformas a la Policía y lucha contra la corrupción provocada por carteles del narcotráfico, el país se estremecía con las noticias: las autoridades hallaron 11 cadáveres decapitados en Guerrero y el rumor de la desaparición de otros 31 estudiantes en el mismo estado.

La respuesta del presidente Enrique Peña Nieto fue un decálogo para recuperar la confianza de una ciudadanía temerosa por la infiltración de los carteles del narcotráfico en las autoridades y alcaldías.

La medida más sonada de la reforma constitucional “permitirá pasar de más de 1.800 policías municipales débiles, a 32 sólidas confiables y profesionales (federales por estado)”, indicó el mandatario.

Muchas de estas policías locales tienen nexos probados con el crimen organizado, como ocurrió en la población de Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes a manos de policías y criminales, por órdenes del hoy detenido exalcalde, José Luis Abarca. Los jóvenes se presumen asesinados por el cartel Guerreros Unidos.

El conjunto de medidas también incluye una ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, un sistema de competencia penal para que los órganos del Estado no se culpen entre sí a la hora de actual contra el crimen organizado. Además, Peña Nieto anunció “un operativo especial con el despliegue de las fuerzas federales en municipios de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas”, cuatro estados con alta criminalidad y violencia de carteles del narcotráfico.

Urgen medidas de choque

La serie de medidas son para Javier Ciurlizza, director en America Latina de la ong International Crisis Group, la respuesta del Gobierno de Peña Nieto a su peor crisis tras dos años de gestión.

“Es un plan ambicioso y positivo por el énfasis de respeto a los Derechos Humanos, lucha contra corrupción, la impunidad y la reestructuración de organismos de seguridad infiltrados por el crimen, pero deja por fuera la corrupción del sistema político, que se refleja en la complicidad de alcaldes y autoridades con narcotraficantes”, explica el analista.

Ciurlizza señala que el presidente mexicano “escogió el camino largo con reformas estructurales a la Policía y el fortalecimiento de la justicia con nuevas leyes desde 2015, que requieren pasar por el trámite del Congreso y eso toma tiempo y la situación de violencia en México no da espera”.

Los principales partidos de oposición en México dijeron, por su parte, que evaluarán a fondo la política de seguridad presentada ayer por el presidenteEnrique Peña Nieto, pero de entrada señalaron deficiencias en cuanto al combate a la corrupción y la “falta de autocrítica”.

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