Con Acuerdo 300, el Alcalde puede seguir con proyecto modernizador

Con un resultado final de 14 votos a favor y 5 en contra, el Concejo de Medellín votó ayer el Acuerdo 300, que le otorga facultades al alcalde, Aníbal Gaviria, para modificar, en el término de 4 meses, la estructura administrativa del Municipio.

El Acuerdo dice específicamente que el mandatario podrá “crear establecimientos públicos y empresas comerciales e industriales del Estado y modificar las existentes para garantizar la implementación del Acuerdo 48 de 2014”.

Todo dentro de la figura del conglomerado público, que abarca la suma de instituciones descentralizadas que posee la ciudad y que le darán las herramientas para lograr el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial -POT- aprobado a finales de 2014.

Carlos Mario Mejía, quien encabezó la ponencia positiva para el segundo debate -que se realizó ayer en medio de las protestas ciudadanas que abarrotaron las graderías del recinto- precisó que el Acuerdo 300 “otorga al Alcalde facultades para incidir en la estructura municipal de acuerdo con el nuevo conglomerado público; este acuerdo es producto de la misma modernización que emprendió la Alcaldía hace dos años y le dará las herramientas necesarias para que el POT tenga posibilidades de desarrollo en la ciudad”.

Debate agitado

Aunque la amplia mayoría de los 21 concejales estuvo de acuerdo con aprobar el proyecto de acuerdo presentado por el Alcalde, el debate de ayer fue agitado por cuenta de los cinco concejales opositores y por un grupo de 30 voceros de la comunidad y grupos organizados de ciudadanos que, en su totalidad, expresaron reparos y temores a lo que puede pasar con las facultades al Alcalde.

La principal advertencia sobre lo inconveniente del Acuerdo radicó en el temor de que el Alcalde intervenga las EPM e incluso emprenda un proyecto de privatización.

El concejal de la Comisión de Ponentes, Santiago Martínez, dijo que ni Empresas Públicas ni Empresas Varias podrán ser tocadas bajo figura del conglomerado. “Estas se rigen por la Ley 142 y este Acuerdo no faculta intervenirlas”. En igual sentido se pronunciaron otros concejales que lo apoyaron.

Carlos Mario Mejía aseguró que “no hay posibilidad alguna de que las EPM se toquen”.

Voces discordantes

Los que votaron por el no fueron Juan Felipe Campuzano, Yefferson Miranda, Miguel Quintero, Luis Bernardo Vélez y Bernardo Guerra.

Campuzano encabezó la oposición. Dijo que no es tan claro que las EPM no puedan ser tocadas, ya que los conglomerados públicos son manejados por juntas directivas y estas, en cualquier momento, pueden convertir los conglomerados públicos en mixtos.

“Con el conglomerado es posible que EPM enajene acciones”, aseveró.

Miguel Quintero, que dio voto negativo, advirtió que aprobar el Acuerdo fue como darle una corona a Aníbal Gaviria para que gobierne a su antojo la ciudad: “Al Alcalde le regalaron el municipio y le encimaron 67.000 empleados y trabajadores, $57 billones en activos y 46 entidades descentralizadas”, manifestó.

Luis Bernardo Vélez insistió en la falta de claridad en las intenciones del Alcalde y dijo no creer en que las EPM no serán tocadas.

Bernardo Alejandro Guerra aludió a que la Alcaldía se maneja desde oficinas clandestinas en Sabaneta y que es desde allí desde donde se toman las principales decisiones de la Administración.

“Si las intenciones del Alcalde son claras, que venga el 16 de abril (un día después de que se presente el organigrama de lo que el Alcalde hará con las entidades que creará e intervendrá) y traiga toda la estructura de cómo va a ser y acá lo discutimos”.

Yefferson Miranda expuso que no ve problemas en que se aprueben facultades al Alcalde para que adquiera herramientas para el POT, pero el Concejo debe tener claridad concreta de cuáles son las propuestas a ejecutar.

Otras voces

El concejal John Jaime Moncada expresó que apoyó la iniciativa porque cree que las entidades municipales necesitan modernizarse y confía en la honestidad del Alcalde.

Jorge Pérez, director de Planeación, lamentó los momentos álgidos del debate, cuando los asistentes impidieron que algunos concejales y voceros de la Alcaldía desarrollaran sus intervenciones.

Gonzalo Álvarez Henao, representante del Movimiento Cívico Medellín, advirtió que al aprobar la iniciativa los votantes del sí incurrieron el delito de prevaricato por presuntamente violar el numeral 3 del Artículo 313 de la Constitución, que obliga a que cuando se pidan facultades para asumir funciones del Concejo, los mandatarios precisen qué quieren hacer y para qué.

Federico Gutiérrez, precandidato a la Alcaldía y que intervino como ciudadano, le pidió al Alcalde retirar el proyecto porque era impreciso, “y no hay ni una idea de lo que quiere hacer con la ciudad”.

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