Mar 9, 2015

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Acuerdo impulsa la misión para desactivar terror de minas

Acuerdo impulsa la misión para desactivar terror de minas

Seis años después de la explosión que cambió su vida se paró frente a los negociadores del Gobierno y los guerrilleros de las Farc. Se quitó la prótesis que puso sobre la mesa de diálogos en La Habana, mientras les narraba que la mina antipersonal le mutiló la pierna izquierda y lo enfrentó a la discapacidad.

Reinel Barbosa es una de las 60 víctimas que viajaron a Cuba el año pasado y recuerda que ese acto dejó en silencio el salón donde se negocia el fin del conflicto: “me lo pidieron víctimas de estos artefactos y por ellos así lo hice”.

Ahora que el acuerdo anunciado por el Gobierno y las Farc de erradicar del territorio estas trampas explosivas se interpreta en Colombia como un paso para finalizar el conflicto, él siente que valió la pena quitarse la prótesis. Esta simboliza el drama de las 11.043 víctimas colombianas de las minas desde 1990 hasta enero de este año.

Para Reinel esa acción casi íntima de las personas amputadas “fue un gesto duro con el que empecé mi intervención frente a los negociadores para hacerles ver que es una amenaza para los civiles, que requería solución antes de un acuerdo final y para que no se produzcan más víctimas”.

Su accidente ocurrió el Jueves Santo de 2008, en La Uribe (Meta), una de las zonas conflictivas más contaminadas por minas y con mayor cantidad de víctimas. De hecho, el amigo que lo acompañaba ese día también perdió una pierna al caer en el campo minado.

Por ser oriundo de esa región y su trabajo como representante de la Red Nacional de Sobrevivientes de Minas Antipersonal, Reinel conoce el problema para las comunidades.

Por eso destaca que el acuerdo es “crucial porque además de las comunidades afectadas y las víctimas discapacitadas que requieren más programas de rehabilitación, las minas mantienen improductivas tierras e impiden el desarrollo económico, la restitución de tierras y hasta el retorno de los desplazados”.

Gobierno y Farc anunciaron que será una labor en terreno a cargo del Batallón de Desminado del Ejército Nacional (400 hombres), bajo la coordinación de la organización Ayuda Popular Noruega, con experiencia de más de 20 años en conflictos.

El jefe negociador Humberto de la Calle, explicó que en el plan de desminado “participarán miembros de las Farc, sin uniforme, sin armas y previa suspensión temporal de las órdenes de captura para brindar la información requerida y acompañar el proceso de desminar”, así como el de verificación y entrega de las zonas descontaminadas.

El director del Programa Presidencial contra Minas Antipersonal, Rafael Colón, señaló la semana pasada en Cocorná, que esta intervención para “688 municipios que tienen riesgo de accidentes costaría unos 100 millones de dólares”.

Pero la participación de subversivos en las acciones de erradicación también tiene sus contradictores, como el presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, el general Jaime Ruiz Barrera. “Los batallones de ingenieros militares están entrenados para hacer el desminado. No hay problema que las Farc entreguen información para ubicar las zonas minadas, pero no está bien darles salvoconducto a terroristas para que integren los grupos de trabajo”.

Avance del fin del conflicto

Más de 11.000 víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar y restos explosivos posicionaron a Colombia como el segundo país del mundo con más víctimas de minas después de Afganistán, y a las Farc como el grupo armado ilegal del mundo que más usa estos artefactos, según el informe anual Monitor de Minas Terrestres.

Por eso el acuerdo es visto como una prueba del avance de la negociación y una buena señal frente a los temas pendientes del fin del conflicto, como un cese el fuego bilateral, la dejación de armas y la desmovilización de 8.000 insurgentes.

“Este es un avance indiscutible como medida de desescalamiento en el conflicto, porque las negociaciones empiezan a producir efectos concretos”, afirmó el general retirado de la Policía, el general Óscar Naranjo, negociador del Gobierno.

Explicó que para localizar los artefactos explosivos se recurrirá al mapeo de minas de instituciones oficiales, con ayuda de las comunidades, información de guerrilleros y de organizaciones sociales.

El director de la Campaña Colombiana Contra las Minas, Álvaro Jiménez Millán, considera que “el compromiso que asumen el Gobierno y las Farc permite avanzar al fin del conflicto, sobre todo en las regiones más afectadas que van a sentir más confianza en los diálogos”.

En cuanto al plan de desminado, Jiménez considera que es “realista porque hasta ahora va lento porque es labor exclusiva del Gobierno, pero imposible en muchas zonas de Antioquia, Meta, Cauca, Norte de Santander”. Las regiones con más víctimas.

También está de acuerdo en que los noruegos coordinen el desminado. Es mejor que organizaciones neutrales ingresen a zonas de conflicto, porque los guerrilleros no van a desproteger sus campamentos si temen ser atacados”.

Desminado y falta el Eln

Hasta ahora, el desminado es una tarea del Ejército Nacional para recuperar zonas en conflicto o abandonadas por sus habitantes por la amenaza de estos artefactos explosivos. Los municipios desminados son San Carlos (Antioquia), El Dorado (Meta) y Zambrano (Bolívar). Y se avanza en otros 10, entre ellos Cocorná, Granada, Nariño, San Francisco y Carmen de Viboral, en Antioquia.

El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, solicitó esta intervención para Briceño, Cáceres e Ituango, donde más víctimas se registran en el departamento, que con 2.459 lidera este flagelo.

Los militares que dejaron sus fusiles para esta tarea conocen su “enemigo invisible”.

“Los artefactos que vemos fueron instalados hace 2, 5 o 10 años y son hechos con botellas y una jeringa para activar el explosivo químico al pisarla, o cilindros cargados, entonces no sirve el detector de metales. La mina no se daña ni requiere batería, por esodesminar lleva tiempo y en todo el país puede tardar décadas”, señala un desminador en el Oriente antioqueño.

Pero la esperanza de poner fin al uso de estos artefactos explosivos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario, que en promedio dejan casi una víctima cada día en Colombia (fueron 39 entre enero y febrero de 2015), tiene otro obstáculo.

Fuentes militares acusan al Eln, al igual que las Farc, de usar los artefactos explosivos improvisados para defender campamentos, proteger cultivos de coca y frenar a las tropas.

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