nov 27, 2017

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Fin del fast track: la gran maratón legislativa.

Fin del fast track: la gran maratón legislativa.

Este jueves vence el plazo constitucional del fast track, que es el mecanismo más expedito mediante el cual el Congreso debate y aprueba las leyes necesarias para implementar el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, lo que quiere decir que ese día se hará el corte de cuentas para ver qué tanto se avanzó en la implementación legislativa.

El Gobierno no ha divulgado cuál será su as bajo la manga. Algunos analistas han dicho que se declarará el estado de conmoción interior para que el presidente Juan Manuel Santos decrete las leyes más importantes que no hayan sido aprobadas, hipótesis negada por el Gobierno. Otros opinaron que tal vez el Ejecutivo extenderá el fast track hasta diciembre, teniendo en cuenta que hubo unas “vacaciones” de los congresistas, y tratar, de esa manera, de aprobar las principales normas.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que “tenemos que hacer el 30 de noviembre un corte de cuentas y seguramente en esa fecha decidiremos qué vamos a hacer con esos proyectos de ley que no lograron ser aprobados. Lo más importante es que las reformas constitucionales lograron ser aprobadas. Hay que evaluar si en el régimen ordinario podemos seguir tramitando los proyectos de ley que ya fueron radicados en el fast track o si se deben retirar y volverlos a radicar”.

Para definir la continuidad de los proyectos que se quedaron en mitad de camino el Gobierno solicitó claridad al Consejo de Estado.

Lo que se salva y lo que no

Tres proyectos están en sus últimos trámites y son fundamentales para la implementación del Acuerdo: la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz que será discutida en la plenaria de la Cámara hoy, de lograr mayoría pasaría a conciliación; y las Circunscripciones Especiales de Paz, cuya conciliación en la Cámara fue rechazada y la Reforma Política que está pendiente en la Plenaria del Senado, a la cual no se le augura éxito.

Son muchos los proyectos que no alcanzarían el trámite, por más que hubiera la voluntad política para hacerlo: el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales, la adjudicación de baldíos en reserva forestal, el sistema catastral multipropósito y el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de coca, entre otros.

Además, el Gobierno no alcanzó a radicar las leyes para regular la jurisdicción agraria, las garantías para el ejercicio de la protesta social, la reforma a la Ley de Víctimas y los ajustes necesarios para el Plan Nacional de Desarrollo, todos ellos tendrán que ir por la vía ordinaria.

En su informe el Instituto de Estudios de Paz Internacional Kroc, de la Universidad de Notre Dame, señaló que hasta el 31 de agosto de 2017, de las 558 disposiciones que conforman el Acuerdo Final, el 45 % había iniciado su implementación; el 17 % se había ejecutado completamente; el 6 % tenía un nivel intermedio y el 22 % se había implementado mínimamente.

De acuerdo con los cálculos de la Fundación Paz y Reconciliación, el Gobierno ha presentado 24 normas, de las cuales, se han aprobado 10.

Lo que atribuye al desgaste político del Gobierno Santos evidenciado en la incapacidad de armar mayorías en el Congreso frente a una oposición que no da tregua.

FUENTE EL COLOMBIANO

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