jun 16, 2017

Enviado por

Por ahora no se harán capturas captura en Medellín.

Por ahora no se harán capturas captura en Medellín.

Como a la sala de detenidos en el búnker de la Fiscalía en Medellín no le cabe una persona más, esta entidad decidió suspender la emisión de nuevas órdenes de captura en la ciudad, a excepción de los casos de flagrancia.

Es decir, si una persona es vista por las autoridades cometiendo algún delito, indudablemente será capturada y judicializada. Pero en el caso de comisión de un homicidio, por ejemplo, en el que se tenga que determinar la responsabilidad del autor mediante un proceso, este quedará en libertad, por el momento, porque no se emitirá orden de captura en su contra, aunque la investigación no se detiene.

Esta situación se desencadenó, según explicó Claudia Carrasquilla, fiscal de Medellín, debido a que el Inpec dejó de responder las solicitudes de traslado de los sindicados que se encontraban en el búnker del ente acusador a los centros penitenciarios de la ciudad.

“El Inpec ha sido muy negligente, ellos tienen capacidad logística para prestar ayuda en esta crisis, que inclusive está poniendo en riesgo la operatividad de la Fiscalía, así como también a los usuarios y funcionarios del edificio, porque se puede presentar algún problema con los detenidos”, afirmó Carrasquilla.

La sala de detención en la Fiscalía tiene espacio para 25 sindicados, y a la fecha, hay 71 personas amontonadas y en condiciones infrahumanas esperando que se resuelva su destino. Según información de la Personería de Medellín, incluso algunos procesados estarían siendo llevados a oficinas de los funcionarios del edificio.

Responde el Inpec

En los centros penitenciarios de Antioquia el hacinamiento llega al 71,63 %, por eso el Inpec informó que no está en capacidad de recibir más sindicados, lo cual es responsabilidad de los entes territoriales. Incluso, desde el instituto se manifestó que la prioridad es acatar las sentencias de tutela de la Corte Constitucional que los obligan a garantizar a los reclusos condiciones de vida dignas en los penales.

“Nosotros también somos víctimas de la crisis, es lamentable que la fiscal nos catalogue como inoperantes. Como autoridad no puede echar la culpa al Inpec por un problema al que, por años, el Gobierno no le ha podido dar solución”, señaló el dragoneante Luis Alberto Pinzón, presidente de un sindicato del Inpec en Antioquia.

Pinzón manifestó que el Gobierno Nacional incumplió con los pactos logrados en 2015 para resolver la crisis penitenciaria. Afirmó que mientras la Policía y el Ejército recibieron presupuesto, no se optimizó el último eslabón de la cadena: la ejecución de la pena a cargo del Inpec.

Condiciones infrahumanas

Como indigna calificó Juan Fernando Gómez, personero delegado para los DD. HH. de Medellín, la situación que viven los detenidos en penitenciarias y en el búnker de la Fiscalía. Expresó que todo se debe a una falta de claridad en la política carcelaria por parte del Ministerio de Justicia.

“Las condiciones en las que se encuentran los detenidos en la Fiscalía los llevaron a hacer una huelga de hambre. Y supimos que esta semana la Secretaría de Salud tuvo que hacer una brigada para atender a estas personas, porque se empiezan a presentar enfermedades”, relató Gómez.

La situación de hacinamiento va más allá de las cárceles y el búnker. En las estaciones de Policía de Medellín se presenta el mismo fenómeno. Hasta el 12 de junio, había 826 detenidos en ellas.

“En la sede de La Candelaria hay 204 internos, cuando la capacidad es apenas para 45. Hace tres semanas fue asesinado uno de ellos, y se ha sabido de brotes de tuberculosis y enfermedades gastrointestinales y respiratorias, no solo en el centro, sino en las estaciones de Belén y Laureles”, reveló Gómez.

Todo apunta al Gobierno

El secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, manifestó que las autoridades y el poder judicial han hecho un gran esfuerzo para poner tras las rejas a los delincuentes, y ese impulso no se puede perder por la crisis carcelaria.

“Creemos que al Gobierno está en deuda y debe fortalecer los centros penitenciarios, un problema de varios años. La voluntad debe venir desde la Nación, porque se necesita construir más cárceles”, dijo Villegas.

Además, el secretario afirmó que hay 200 policías cuidando detenidos en las estaciones, lo cual resta operatividad a las autoridades.

Juan Fernando Gómez considera que al suspender las órdenes de captura, la Fiscalía envía un mal mensaje a la sociedad, e incluso pone en riesgo la institucionalidad.

“Estarían incurriendo incluso en una omisión constitucional como ente acusador, que no puede dejar de capturar a los ciudadanos que infringen la ley”, aseveró Gómez

Sin embargo, tanto Gómez como el dragoneante Luis Alberto Pinzón coinciden en que la responsabilidad es del Gobierno Nacional y le exigen una política penitenciaria que permita terminar con el desconcierto ciudadano que ha generado la decisión de la Fiscalía.

FUENTE EL COLOMBIANO.

Dejar una respuesta

Share This